El presidente Luis Abinader informó que a partir del 6 abril iniciará un programa de compra de armas ilegales en manos de civiles, a fin de reducir la violencia y el crimen en el país.
El mandatario detalló que el programa de recompras de las armas contará con organizaciones civiles, religiosas y empresariales, con las cuales se ha contactado ya desde el Ministerio de Interior y Policía.
La compra será con dinero en efectivo y con cupones que serán canjeables por productos en el sector comercial.
En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, Abinader indicó que para hacer más efectivo el plan se compesará también a los policías y militares y funcionarios de aduanas que decomisen armamentos ilegales dentro de sus funciones.
También, dijo, se incentivará económicamente, a los ciudadanos para que colaboren en la ubicación y la negociación con los que poseen las armas ilegales.
“A partir del martes 6 de abril vamos a iniciar un innovador programa de recompras de armas ilegales con la colaboración de todo el sector social comunitario, religioso y empresarial”, anunció el jefe de Estado.
Las armas que se recuperen serán destruidas para que no vuelvan a las calles.
El mandatario anunció también que convertirá a la Policía Nacional en una institución totalmente digital para que tenga una eficiente labor de recolección y análisis y toma de decisiones basada en datos confiables y procesados en tiempo real que transformará el actual observatorio de seguridad ciudadana en un nuevo y reformado centro de análisis de seguridad ciudadana.
Abinader atribuye la tradición de la ciudadanía de querer poseer un arma de fuego a una “alta percepción de inseguridad” y a la presencia del microtráfico de drogas en los barrios.
Sostuvo que solo 50 mil armas tienen permisos, de las 238 mil registradas en el país.
Considera que no es posible registrar la cantidad de armas ilegales, pero que se estima que por cada arma legal podrían existir aproximadamente un mínimo de una y un máximo de tres armas ilegales.
Advirtió que las armas legales e ilegales “se han convertido en un problema grave de salud pública y también de seguridad ciudadana”.
