“Un día paré de conducir, ser camarera y dar masajes porque una amiga me dijo que cobraría más con los subsidios de desempleo, las ayudas del Congreso y las de California. Y así sigo, mientras continuo formándome como actriz”, dijo a Efe Quini, que vive en un apartamento de protección social en uno de los barrios angelinos más populares.
En el momento álgido de las subvenciones públicas durante la pandemia, de abril a agosto, Quini llegó a cobrar más de 1,000 dólares semanales, mientras que ahora recibe unos 500 cada siete días.
Este caso, muy repetido en el país, según el sector empresarial y voces conservadoras, ha provocado que las empresas se esfuercen para atraer empleados.
La cadena de comida rápida Chipotle, una de las más populares de Estados Unidos, anunció esta semana una subida salarial de 15 dólares para atraer a más empleados; mientras que el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, remarcó que la elevada demanda ha provocado que los ingresos por conductor aumenten y estén en niveles “históricos”.
La persistencia del coronavirus pese al levantamiento de las restricciones, el refuerzo de los subsidios por desempleo y las ayudas aprobadas por el Congreso y la lentitud en la reapertura de los colegios que obligan a padres y madres a quedarse en casa para cuidar de sus hijos son algunos de los argumentos esgrimidos para explicar este desinterés por parte de los trabajadores.
Fomento de la improductividad
Para el economista Rafael Marrero, director de una consultoría en Miami que se dedica a la contratación federal, las ayudas públicas durante la pandemia han fomentado la “baja productividad” del país, una situación que calificó de “lamentable”.
“Lejos de convertirse en un aliado de las pequeñas y medianas empresas, (el gobierno) está fomentando la improductividad laboral a través de incentivos, como el subsisdio de desempleo”, lamentó Marrero en declaraciones a Efe.
De hecho, una de sus clientas ganó recientemente un concurso público para contratar a 500 trabajadores para centros de vacunación, pero, según Marrero, “no puede conseguir empleados porque no quieren ir a trabajar por 15 dólares la hora”.
El propio presidente Joe Biden comentó la cuestión al señalar que la “ley es clara” en ese respecto, por lo que quien “rechace” un puesto de trabajo “adecuado” no podrá seguir cobrando subsidios de desempleo.
Aunque Biden indicó que, por ahora, no ve “evidencia de esto”.
Algunos economistas señalan que lo que está ocurriendo es simplemente un reajuste entre la oferta y la demanda laboral a través de los salarios.
“Cuando los dueños de un restaurante no pueden encontrar trabajadores a unos sueldos que no son significativamente más elevados que antes de la pandemia, aunque estos sean potencialmente más peligrosos, eso no es escasez de trabajadores, es el mercado en funcionamiento”, explicó Heidi Shierholz, execonomista jefe del Departamento de Trabajo estadounidense.
Shierholz, en un informe para el centro de estudios Economic Policy Institute, remarcó que “los salarios para un trabajo con más riesgos y más complicado deberían ser más altos”.
En marzo pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó el tercer paquete de estímulo fiscal, por valor de 1.9 billones de dólares, y que incluyó transferencias directas de efectivo de hasta 1,400 dólares a millones de ciudadanos y un fortalecimiento y una expansión de los subsidios de desempleo, así como ayudas a pequeñas y medianas empresas.
La tasa de desempleo, que el pasado año pasó del 3.5 % en febrero al 14.7 % en abril, cuando tuvo un mayor impacto la pandemia de COVID-19, ha ido disminuyendo cada mes desde entonces y en los cuatro primeros del año se situado en torno al 6 %. fuente: DL